Dos años después de una concepción que se pretendía de urgencia, la ley Sinde vio ayer por fin la luz al final de un túnel de patinazos parlamentarios, pactos in extremis, rebeldía internauta y renuncia del anterior Gobierno a desarrollar una normativa antidescargas que busca el cierre de páginas web que sirvan o enlacen sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor. La ley la había sacado adelante el PSOE en el Parlamento con los votos de PP y CiU. Pero hubo que esperar al segundo Consejo de Ministros del PP para que se aprobase el reglamento que dé desarrollo tal y como lo dejó el anterior Ejecutivo. No incluye más cambios que el nombre de los ministerios que aportan funcionarios a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la encargada de ordenar la clausura de las webs.

Tras el cambio de Gobierno, los cinco miembros procederán de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia y Economía y Competitividad. La presidencia corresponderá a José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura (a falta de ministro del ramo) o quien él designe.

La noticia del alumbramiento la dio la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que además anunció la sustitución del llamado canon digital, vieja aspiración del PP, por un gravamen universal. Es decir, lo pagaremos todos, hagamos o no copias privadas. La cantidad saldrá, según fuentes ministeriales de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que se pactará con las entidades de gestión, y ascenderá a una cifra entre 37 y 42 millones, cantidad que sale de multiplicar la población española por 0,8 o 0, 9 euros per cápita. Menos de la mitad de lo recaudado con el anterior sistema en 2010.

Entre tanto recorte económico y subida de impuestos la culminación de la ley Sinde pasó prácticamente inadvertida en un primer momento. Acaso fue por la formulación un tanto confusa (se habló de "la aprobación de la Comisión de la Propiedad Intelectual", que viene a ser tomar la parte por el todo) o porque se acompañó del anuncio más popular de la sustitución del canon por "un sistema de compensación por copia privada". Sea como sea, la Red no pareció soliviantarse como era habitual en estos casos. Al menos, en un primer momento. Claro que después las palabras ley Sinde se convirtieron en "tema del momento mundial" en Twitter.

Nadie piensa dejar de llamar a la norma con el nombre de la ministra saliente, que la bautizó involuntariamente por oposición de la Red, cuando la legislación se coló de una manera pretendidamente discreta como disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Quizá tenga sentido, dado que el PP no ha introducido cambios de relieve en el reglamento heredado del anterior equipo de Cultura tras atender a las recomendaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

La exministra aseguró a Efe que la decisión del PP le parecía una "buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario" en unas palabras que sonaron a eco de las pronunciadas por Sáenz de Santamaría: "Solo se va a actuar, y siempre con protección judicial, contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales".

La vicepresidenta destacó también que con estas medidas "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería" el mismo día en que se conoció que la Cámara de Comercio de Estados Unidos había remitido una carta a Mariano Rajoy en la que le conminaba a tomar medidas para evitar la fuga de inversiones. "Su falta de aprobación [de la ley Sinde] ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia".

Pese al "importante paso" dado ayer en las políticas de protección de la propiedad intelectual, aún quedan por conocer los detalles, y ya se sabe que en ellos reside el diablo. La comisión empezará a cerrar páginas web en los primeros compases del año, aunque no se precisó cuándo, si bien un portavoz de Educación, Cultura y Deporte aseguró que sería a la vuelta de las vacaciones.

El resto de la ley Sinde se ajusta a lo pactado en el Senado (un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares y designa una comisión sometida a control judicial en dos momentos del proceso) y a la reforma del reglamento adelantada por EL PAÍS: el desarrollo normativo castiga expresamente la reincidencia de los infractores y persigue a las webs de enlaces.

Todos los contribuyentes costearán el sistema alternativo al 'canon digital'

Igual que un contribuyente sin coche paga de sus impuestos la construcción de autopistas, los ciudadanos ahora sufragarán de su bolsillo la compensación a autores y dueños de derechos de propiedad intelectual por la realización de copias privadas de sus obras. El Gobierno del PP aprobó ayer la supresión del llamado canon digital (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento sujeto a derecho de autor) y anunció su sustitución por otro sistema de compensación que será definido "mediante un Real Decreto", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Anualmente el Estado destinará entre 0,8 y 0,9 euros por habitante -entre 37,6 millones y 42,3 millones de euros- para compensar a los autores y dueños de derechos, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes del nuevo Ministerio de Educación y Cultura. En 2009 por esta vía se recaudaron 90 millones de euros, de acuerdo con datos de las sociedades de gestión. En 2010 la misma fuente asegura que los ingresos mediante el canon fueron "inferiores" a los 100 millones de euros.

El Ejecutivo apunta cómo funcionará el nuevo sistema: "Se desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea".

Rafael Sánchez, portavoz de las sociedades de gestión Egeda (productores) y SGAE (autores y editores), señaló que ahora el canon "lo van a pagar todos los españoles, con independencia de que hagan copias o no", y agregó: "Nos vamos a alejar de lo que están haciendo en la UE". Jesús Banegas, presidente de Ametic (asociación de operadoras y empresas tecnológicas), saludó la supresión pero calificó de "disparate" recurrir a la vía impositiva. La Asocación de Internautas ha aplaudido la medida pero ha pedido que se devuelva lo recaudado hasta ahora.